Badajoz

Desarticulada una red de tráfico de personas es Badajoz

La operación “inca” llevada a cabo por la Policía Nacional de Badajoz ha desarticulado una red que introducía a personas de origen peruano mediante contratos de trabajo falsos. Se han detenido a seis personas pertenecientes a la organización, dos permanecen en prisión y el resto en libertado con cargos, según informa el Periódico de Extremadura. Todos de nacionalidad peruana.

A los miembros de esta organización se les imputan varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En esta operación también se han detenido a empresarios extremeños por favorecer la realización de contratos laborales falsos mediante la realización de ofertas de trabajo falsas para que las víctimas pudieran obtener el permiso de residencia y trabajo en España.

El centro neurálgico de la organización se encontraba en la zona de Valdepasillas y en el barrio de Suerte de Saavedra, donde aparecían empadronadas varias personas como empleados de hogar.

Las víctimas pagaban a la organización entre 3.000 y 4.000 euros para obtener la oferta de trabajo (falsa) que les permitiera acceder al permiso de residencia y trabajo aunque sabían que una vez llegados a España no trabajarían en estos puestos y tendrían que buscarse ellos la vida. Todos los testigos se han acogido a la ley de testigos protegidos por miedo a las represalias.

El modus operandi de esta organización era el siguiente: el jefe del grupo se encargaba de reclutar a las víctimas en Perú, concretamente en la población de Ica, ya que había vivido allí. Seleccionaba a aquellas personas que conocía de antes, ofreciéndoles la posibilidad de obtener el permiso de residencia y trabajo en España, a cambio de una cantidad de dinero.

Una vez obtenido el dinero los miembros de la organización contactaban con los empresarios que debía realizar la oferta de trabajo, algunos de ellos sí que necesitaban una empleada de hogar por lo que había dos tipos de empresarios, los que realizaban las ofertas de trabajo desde la ilegalidad y los que las realizaban desde la legalidad.

Las víctimas, una vez llegadas a España, vivían en pisos de la organización a la que pagaban 150 euros mensuales en concepto de alquiler. La red llevaba operando en Badajoz desde 2006